Universidades privadas y centros superiores en competencia desigual
(23 de octubre de 2010)
(23 de octubre de 2010)
La enseñanza de artes escénicas en las universidades privadas está alcanzando una considerable expansión, con iniciativas tales como la de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria y la recientemente anunciada construcción del Barcelona Institute of Performing Arts.
La competencia entre centros privados y públicos debería ser beneficiosa para impulsar proyectos de calidad que atraigan a los alumnos. Pero los centros públicos que ofrecen ahora mismo este tipo de enseñanza en universidades públicas pueden contarse con un sólo dedo de la mano: la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en su pionera experiencia con dos Grados en Artes Visuales y Danza.
Esta situación exige un replanteamiento absoluto de la política educativa actuada sobre los centros superiores de enseñanzas artísticas de carácter público: o se les dota de las inmensas posibilidades que supondría transformarlos en facultades universitarias que impartan enseñanza universitaria y den títulos universitarios, o no tardarán en extinguirse por completo.
El panorama se asemeja a los sistemas económicos llamados oligopolios diferenciados, donde las empresas se hallan en condiciones de controlar los precios de sus propios productos, pues, al ser distintos los productos no se establece una competencia efectiva que permita el normal equilibrio de los precios resultante de la oferta y la demanda.
Las universidades privadas pueden ofrecer una formación de excelente calidad, pues cuentan con las infraestructuras y los recursos económicos necesarios, además de dar titulaciones universitarias ahora o en un futuro muy próximo. Mientras, los centros superiores no universitarios, con infraestructuras insuficientes y recursos económicos mediocres en la mayoría de casos, están sometidos a la tutela de unas Administraciones educativas que no les permiten la autonomía que requiere la educación superior, y que diseñan planes de estudio con criterios no uniformes y poco lógicos .
Esta diferencia de condiciones entre la enseñanza artística superior, pública y privada, parece cuanto menos inconstitucional: si nadie puede ser discriminado por su condición o circunstancia personal y social, el Estado y las Comunidades Autónomas deben dotar a la enseñanza pública de los medios necesarios para que pueda garantizarse una formación de calidad a los estudiantes que carecen de recursos económicos. Y, entre esos medios, se debe hallar necesariamente una equivalencia real de las condiciones académicas y presupuestarias de los centros públicos y privados.
La reforma derivada del Proceso de Bolonia sobre las enseñanzas artísticas superiores en España, lejos de aprovechar la magnífica oportunidad que representa para normalizar estas enseñanzas –como han hecho la mayoría de países europeos– , está siendo en realidad una contrarreforma, conducida por unos pocos hacia el único objetivo de perpetuar su propio poder, dejando al margen la voz y los intereses de la comunidad educativa. Además, resulta vergonzante la complicidad de las Instituciones con tales sujetos, que desde antaño se han opuesto a cualquier avance por sus propias limitaciones e intereses personales.
Todavía se está a tiempo de reconducir el proceso y de hacer las modificaciones normativas necesarias para librarnos de estos agravios que hipotecarán el futuro de los alumnos de los centros públicos durante muchos años, si no se actúa de inmediato.
Lamentablemente, la fragilidad o inexistencia de organizaciones que representen realmente a los alumnos y profesores –y hagan oír su voz en los foros de decisión– no favorece las cosas. Y el miedo a significarse de profesores y cargos académicos es una prueba fehaciente de que nuestra democracia es mucho más inmadura de lo que cabría esperar.
